1. Introducción

El sistema jurídico en México consta de varios ordenamientos, cada uno con un ámbito de aplicación diferente y un área de aplicación específica. Por lo que respecta al marco jurídico para la prestación de servicios de interrupción del embarazo, tenemos algunas directrices generales- que son aplicables para todos los servicios de salud reproductiva- en leyes y normas federales y, otros, que delinean específicamente cómo, quién y dónde deben de prestarse estos servicios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)- ordenamiento que fija los estándares con los cuales deben cumplir todas las autoridades del Estado- reconoce varios derechos relacionados con la prestación de servicios de interrupción del embarazo y establece que todas las personas tienen derecho a:

  1. La protección de su salud.
  2. Decidir, de manera libre y responsable, el número y espaciamiento de sus hijos e hijas.
  3. Los y las menores tienen derecho a acceder a los servicios que sean necesarios para el cuidado de su vida y su salud, todo esto, en consideración del interés superior de los y las menores.

2. Marco Federal para la prestación de servicios de aborto

La Ley General de Salud desarrolla las características que deben reunir los servicios de salud para cumplir con el artículo 4º constitucional antes mencionado, al establecer que , en el diseño y ejecución de políticas y programas de salud, el Estado debe entender la salud como un estado de bienestar, físico mental y social completo y no como la mera ausencia de enfermedades. Este concepto resulta especialmente relevante al interpretar el alcance y contenido de los servicios que el Estado debe brindar y la forma en la que deben evaluarse los riesgos que representa cualquier evento o padecimiento en el bienestar presente y futuro de las personas. Los servicios de salud materno infantil son prioritarios y deben garantizar que todas las mujeres embarazadas obtengan servicios de salud con estricto respeto de sus derechos humanos.

También señala que la planificación familiar tiene carácter prioritario, en sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los y las adolescentes para disminuir el riesgo reproductivo, debiendo informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años. Reconoce, además, que la información constituye un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

México cuenta con un marco legal amplio que garantiza y protege el acceso al aborto en condiciones seguras. En la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

3. Marco Local (estatal) para la prestación de servicios de aborto

La reglamentación del aborto corresponde a las legislaturas de los estados, por lo que cada entidad contempla causas lícitas para la interrupción del embarazo, a saber:

            CAUSALES REQUISITOS LEGALES
Violación El aborto por violación es la única causal que está contenida en los 32 códigos penales locales de nuestro país.  La prestación de servicios de aborto en caso de violación no requiere de condicionamiento alguno, por ejemplo de la denuncia ante Ministerio Público
Imprudencial Incompleto, por omisión de cuidado, negligencia, imprudencia, espontáneo o biológico
Peligro de muerte A juicio del médico tratante, oyendo si es posible el dictamen de otro médico
Malformaciones en el producto A juicio o con dictamen de uno o dos médicos
Riesgo o peligro para la salud de la mujer A juicio del médico tratante, oyendo si es posible el dictamen de otro médico En Quintana Roo a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario para evitar un grave peligro para la vida. En los casos de Baja California con aviso al Ministerio Público y de Durango previa autorización del Ministerio Público. La exposición de motivos de estos códigos penales, explican que no se incluye riesgo para la vida debido que el legislador consideró dar prioridad a la salud de las mujeres y no llevarlas a l límite de poner en riesgo su vida para poder acceder a los servicios de salud. Los códigos penales distinguen en sus clasificaciones entre la causal grave daño a la salud y peligro de muerte. Sin embargo, la causal peligro de muerte debiera interpretarse como subsumida en la de grave daño a la salud. Situación que incluiría a Campeche, Chihuahua, Distrito Federal e Hidalgo. Esta interpretación es la que ofrece mayor protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
Inseminación artificial no consentida/ forzada Autorización de MP
Causas económicas graves Cuando la mujer tenga al menos tres hijos Sólo está contemplada en dos estados. Para el caso de Yucatán, cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas y siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos y en el caso de Michoacán por precaria situación económica y que se encuentre dentro de las primeras doce semanas. Esta causa deberá de encontrarse debidamente justificada.
Voluntad de la mujer Primeras doce semanas de gestación. Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal

En todo el país el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, en 30 estados cuando es producto de un accidente o imprudencia de la mujer embarazada, en 29 estados por peligro de muerte, en 16 estados cuando existan malformaciones genéticas o congénitas graves en el producto, en 14 estados cuando exista un riesgo de grave daño a la salud de la mujer, en 2 estados por causas económicas graves y únicamente en la Ciudad de México, por voluntad de la mujer, durante las primeras 12 semanas del embarazo .

Entidad Causales
Aguascalientes Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte
Baja California Violación Culposo Peligro de muerte Inseminación artificial no consentida
Baja California Sur Violación Imprudencial Peligro de muerte o grave daño a la salud Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Inseminación artificial no consentida
Campeche Violación Imprudencial Grave daño a la salud
Chiapas Violación Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Chihuahua Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial Grave daño a la salud
Coahuila Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Colima Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial o culposo Peligro de muerte Grave daño a la salud Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Ciudad de México Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial o culposo Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Grave daño a la salud Voluntad de la mujer hasta las doce primeras semanas de gestación
Durango Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte
Guanajuato Violación Imprudencial o culposo
Guerrero Violación Inseminación artificial no consentida Grave daño a la salud Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Imprudencial o culposo
Hidalgo Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial o culposo Grave daño a la salud Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Jalisco Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Grave daño a la salud
México Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Michoacán Violación Inseminación artificial no consentida Causas económicas Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Imprudencial o culposo
Morelos Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Inseminación artificial no consentida
Nayarit Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Grave daño a la salud
Nuevo León Violación Peligro de muerte Grave daño a la salud
Oaxaca Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Puebla Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Querétaro Violación Imprudencial o culposo
Quintana Roo Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
San Luis Potosí Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial o culposo Peligro de muerte
Sinaloa Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte
Sonora Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte
Tabasco Violación Inseminación artificial no consentida Peligro de muerte
Tamaulipas Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Grave daño a la salud
Tlaxcala Violación Imprudencial o culposo Inseminación artificial no consentida Peligro de muerte Grave daño a la salud Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Veracruz Violación Inseminación artificial no consentida Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto
Yucatán Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto Causas económicas graves
Zacatecas Violación Imprudencial o culposo Peligro de muerte Grave daño a la salud

Tratándose del embarazo por violación, la NOM-046-SSA2-2005establece que, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

En todos los casos, se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.

La Ley General de Víctimas establece que a toda víctima de violación, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo con absoluto respeto a su voluntad; se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de infecciones de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género .  La prestación de servicios de aborto en casos de violación no requiere de condicionamiento alguno, por ejemplo de la denuncia ante Ministerio Público.

Se entiende por emergencia médica, todo problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata.

En relación al aborto voluntario hasta las 12 semanas se encuentra regulado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal CIRCULAR/GDF-SSDF/01/06 que contiene los Lineamientos Generales de Organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal en donde se señala que la ILE es el procedimiento médico que se realiza hasta la décima segunda semana completa de gestación, como lo establece el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal. En cuanto a las excluyentes de responsabilidad penal, el artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal no establece un plazo máximo para la prestación de estos servicios.

  1. Aborto por peligro o riesgo a la salud de la mujer
  2. Aborto por malformaciones genéticas o congénitas en el producto

4. Aspectos relacionados con la prestación de servicios de aborto

  1. Consentimiento Informado.

El consentimiento informado es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y la usuaria de los servicios, este proceso debe verse reflejado en un documento y su finalidad debe ser la garantía de dos derechos humanos:

  1. Derecho a la información. Para que este derecho sea cumplido a cabalidad, la información que se brinda debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención y del tratamiento propuesto. De la misma manera es importante dar a conocer los riesgos, beneficios, físicos o emocionales, la duración y las alternativas, si las hubiera. Para un cabal cumplimiento de este derecho, quien brinda la información debe asegurarse de que la persona ha entendido la información que se le ha proporcionado.
  2. Libertad de elección: después de haber sido informado adecuadamente, el paciente, en ejercicio de su autonomía, tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento, para que se lleve a cabo el procedimiento.

Según la Ley de Salud, el consentimiento informados es un derecho de todas las personas usuarias de los sistemas de salud, al igual que obtener un trato digno, respetuoso e igualitario. Es el documento escrito, signado por el o la usuaria o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante el cual se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios.

De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012 dentro de los eventos mínimos que requieren el consentimiento informado son: el ingreso hospitalario, procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieran anestesia general o regional, salpingoclasia y vasectomía, así como procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo, entre otros.

Una vez que la usuaria cuente con un diagnóstico se expresará de manera clara y precisa el tipo de padecimiento de que se trate y sus posibles tratamientos, riesgos y secuelas.

i.i Consentimiento de menores de edad

Las adolescentes tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, decidir libremente sobre su atención y otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos. El principio rector de este consentimiento es el interés superior de los y las menores, contemplado en el artículo 4°, párrafo octavo de la CPEUM.

Además, el marco internacional de derechos humanos contempla, en la Convención de los Derechos de la Infancia (CID) la facultad de las personas menores de 18 años a tomar decisiones críticas para su vida a partir de lo que se ha denominado capacidades evolutivas, con lo que se reconoce y valida el derecho a las personas menores de 18 años a tomar decisiones sobre su propia salud y vida.

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos en estas edades; por lo que, reconocer la salud como un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales y sociales, supone la adopción de medidas para acceder a los servicios de aborto legal y seguro como parte fundamental de los servicios de salud reproductiva,  comprendiendo así la salud en su sentido más amplio.   Los representantes legales y las instituciones deben abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral.

Por otra parte, la NOM-047-SSA2-2015 expresa que, la ausencia de responsables legales del menor de edad, no justificará la negativa de brindar la atención médica que corresponda, en caso de urgencia, supuesto en el que se incluirá una nota en el expediente clínico, que rubricará el responsable del servicio

De igual forma, las personas del Grupo Etario podrán solicitar directamente al personal de salud, consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las ITS. En el supuesto de que la persona del Grupo Etario elija recibir la consejería sin el acompañamiento, quien otorgue la consejería, debe solicitar la presencia de al menos otro miembro del personal de salud durante el tiempo que dure la consejería.

Durante la consejería las personas del Grupo Etario, podrán hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal o bien; manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin ese tipo de acompañamiento. La manifestación de la elección de la persona del Grupo Etario respecto al acompañamiento, se hará constar a través del formato contenido en el Apéndice "C" Normativo de la presente Norma.

La Ley General de Salud no explicita la necesidad de que los menores de edad requieran el consentimiento de sus representantes (madre/padre o tutores) para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos.

El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no justifica el incumplimiento de la obligación de resguardar su integridad física, psicológica y evitar actos que menoscaben su desarrollo integral, así como considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La NOM-005-SSA2-1993 señala que los procedimientos invasivos de oclusión tubaria bilateral (OTB) y vasectomía, por ser de carácter permanente, requieren de un proceso amplio de consejería previo a su realización y a la firma del consentimiento informado, así como la firma o huella digital del usuario/a, o de su representante legal, en el formato “Autorización quirúrgica voluntaria”.

En esta tesitura, el o la prestadora de servicios de salud que brinde información, anticoncepción e incluso servicios de interrupción del embarazo bajo este marco, estará actuando en un marco de legalidad y de pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad.

De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012 dentro de los eventos mínimos que requieren el consentimiento informado son: el ingreso hospitalario, procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieran anestesia general o regional, salpingoclasia y vasectomía, así como procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo, entre otros.

Una vez que la usuaria cuente con un diagnóstico se expresará de manera clara y precisa el tipo de padecimiento de que se trate y sus posibles tratamientos, riesgos y secuelas.

i.i Consentimiento de menores de edad

Las adolescentes tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, decidir libremente sobre su atención y otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos. El principio rector de este consentimiento es el interés superior de los y las menores, contemplado en el artículo 4°, párrafo octavo de la CPEUM.

Además, el marco internacional de derechos humanos contempla, en la Convención de los Derechos de la Infancia (CID) la facultad de las personas menores de 18 años a tomar decisiones críticas para su vida a partir de lo que se ha denominado capacidades evolutivas, con lo que se reconoce y valida el derecho a las personas menores de 18 años a tomar decisiones sobre su propia salud y vida.

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos en estas edades; por lo que, reconocer la salud como un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales y sociales, supone la adopción de medidas para acceder a los servicios de aborto legal y seguro como parte fundamental de los servicios de salud reproductiva,  comprendiendo así la salud en su sentido más amplio.   Los representantes legales y las instituciones deben abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral.

Por otra parte, la NOM-047-SSA2-2015 expresa que, la ausencia de responsables legales del menor de edad, no justificará la negativa de brindar la atención médica que corresponda, en caso de urgencia, supuesto en el que se incluirá una nota en el expediente clínico, que rubricará el responsable del servicio

De igual forma, las personas del Grupo Etario podrán solicitar directamente al personal de salud, consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las ITS. En el supuesto de que la persona del Grupo Etario elija recibir la consejería sin el acompañamiento, quien otorgue la consejería, debe solicitar la presencia de al menos otro miembro del personal de salud durante el tiempo que dure la consejería.

Durante la consejería las personas del Grupo Etario, podrán hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal o bien; manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin ese tipo de acompañamiento. La manifestación de la elección de la persona del Grupo Etario respecto al acompañamiento, se hará constar a través del formato contenido en el Apéndice "C" Normativo de la presente Norma.

La Ley General de Salud no explicita la necesidad de que los menores de edad requieran el consentimiento de sus representantes (madre/padre o tutores) para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos.

El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no justifica el incumplimiento de la obligación de resguardar su integridad física, psicológica y evitar actos que menoscaben su desarrollo integral, así como considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La NOM-005-SSA2-1993 señala que los procedimientos invasivos de oclusión tubaria bilateral (OTB) y vasectomía, por ser de carácter permanente, requieren de un proceso amplio de consejería previo a su realización y a la firma del consentimiento informado, así como la firma o huella digital del usuario/a, o de su representante legal, en el formato “Autorización quirúrgica voluntaria”.

En esta tesitura, el o la prestadora de servicios de salud que brinde información, anticoncepción e incluso servicios de interrupción del embarazo bajo este marco, estará actuando en un marco de legalidad y de pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad.

De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, los datos proporcionados al personal de salud por el paciente o por terceros, debido a que son datos personales, son motivo de confidencialidad, en términos del secreto médico profesional. Únicamente podrán ser proporcionados a terceros cuando medie la solicitud escrita de la usuaria, el tutor, representante legal o de un médico debidamente autorizado por ésta. La información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, por todo el personal del establecimiento, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.

Si bien existe la obligación legal de informar a las autoridades ante la presunción de que la usuaria haya sido víctima de algún delito, esta obligación no es extensiva a los casos en que la usuaria sea la posible autora de algún supuesto delito, como pudiera ser caso el caso del aborto realizado fuera de las causales contempladas por las legislaciones estatales, por lo que con base en la ética profesional y el respeto a los derechos de las mujeres, es legalmente factible registrar debidamente en el expediente clínico los hallazgos que sean relevantes para el seguimiento y atención de la usuaria, sin que sea necesario dar aviso o notificación a ninguna autoridad.